El pensamiento institucionalista ha conseguido abrirse paso en el corazón de la teoría económica convencional y ha situado a las instituciones como la causa fundamental del desarrollo económico comparado internacional (North, 1990; Acemoglu, Johnson y Robinson, 2005; Acemoglu y Robinson, 2012). Sin embargo, también sabemos que las mismas instituciones pueden obtener un rendimiento bien distinto en función del contexto social en el que operen. El encaje que encuentran las instituciones formales y su contexto social puede ser determinante tanto para el funcionamiento de la institución como para su pervivencia en el tiempo. A este encaje es a lo que aquí llamaremos coherencia.
En un artículo que publicamos recientemente en el Journal of Comparative Economics (Soto-Oñate y Torrens, 2023) nos interesamos por la coherencia entre el sistema institucional formal de las democracias liberales occidentales y un sistema cultural que favorece la autonomía y la capacidad cooperativa. Nuestra intención era observar si estos rasgos culturales favorecen el desarrollo económico en sistemas institucionales liberales.
Pensemos por un momento sobre cómo estos rasgos podrían impulsar el desarrollo cuando imperan instituciones de corte liberal (en contraposición a las del Antiguo Régimen). Digamos que, a grandes rasgos, aunque las democracias liberales son diversas sí comparten algunos rasgos comunes: son democracias representativas, con elecciones libres, abiertas y competitivas, y economías mixtas, donde convive un estado presente en el sistema económico (por medio de leyes, incentivos económicos o produciendo y distribuyendo bienes y servicios) con amplios espacios de autonomía dejados a los mecanismos de mercado. Hay un reconocimiento oficial universal e igualitario de derechos y libertades civiles que la sociedad a través del Estado se compromete a proteger, como el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho de asociación, el sufragio universal o el derecho a la propiedad privada. La ciudadanía puede, por tanto, operar y organizarse con autonomía en una amplia taxonomía de organizaciones (empresas, sindicatos, partidos políticos, ONGs, etc.) para participar en la vida económica, política y social. Se requiere al Estado que en sus procedimientos cumpla con los principios básicos de igualdad ante la ley, división de poderes, imperio de la ley, impersonalidad y transparencia y que disponga además de sistemas de protección social que garanticen alguna noción de igualdad de oportunidades.
Argumentamos que un ambiente institucional abierto de este tipo sería coherente para su pervivencia y rendimiento con una cultura que favorezca la autonomía individual, la capacidad para cooperar, una ética y una confianza generalizada en la comunidad y la orientación hacia los asuntos públicos (con frecuencia a este conjunto de rasgos se les llama capital social o comunidad cívica). Sería coherente no sólo porque es consistente con el imaginario liberal sino además porque desde el punto de vista funcional favorece el florecimiento mesoestructural de organizaciones, la competitividad, la iniciativa empresarial, la innovación, la reducción de costes de transacción, la buena gobernanza política y otros factores que favorecen el desarrollo de capacidades económicas en un territorio.
El caso español
En la actualidad nos encontramos con diferencias regionales notables y persistentes en la presencia de estos rasgos, con las intensidades más altas concentradas en el cuarto noreste de la península (ver figura 1). Este indicador, construido a partir de algunas variables encontradas en el CIS (y que para nada hacen justicia a la enorme complejidad y multidimensionalidad del sistema cultural), contiene medidas relacionadas con la confianza interpersonal generalizada, el interés por los asuntos políticos, participación en asociaciones voluntarias y participación en acciones políticas no convencionales. Con este indicador (y a la espera de mejores datos) tratamos de aproximar las diferencias interregionales en estos rasgos culturales.
Fig. 1. Distribución geográfica del indicador de rasgos culturales de autonomía y cooperación (Soto-Oñate y Torrens, 2023).
Notas: Elaboración propia a partir de datos del CIS.
Estas diferencias regionales suelen tener la capacidad de persistir en el muy largo plazo. El caso más estudiado es el de Italia, cuyas diferencias regionales en estos rasgos se pueden trazar desde la Edad Media (Putnam et al., 1993; Guiso et al., 2016). Se aduce que las experiencias de autonomía política local de las comunas y ciudades estado del norte de Italia permitieron desarrollar una cultura de autonomía y cooperación horizontal, en contraposición a los efectos que tuvo el sistema vertical y excluyente que sitúa la invasión normanda en el sur de Italia. Algo similar ocurre en España, donde encontramos diferentes experiencias políticas a través de las regiones provocadas durante y tras los procesos de la llamada Reconquista cristiana: grosso modo, las regiones del norte (y especialmente noreste) peninsular pudieron experimentar sistemas locales protodemocráticos y autónomos, mientras que de la (re)conquista de las tierras del sur emergieron sistemas sociales concentrados y verticales. Las distintas trayectorias políticas que se viven desde entonces hasta la unificación en la actual España ayudaron a configurar (reafirmando o atenuando las diferencias anteriores) la actual distribución persistente de rasgos culturales.
Veamos ahora la trayectoria histórica de la proxy más utilizada para el desarrollo económico en un territorio: el PIB per cápita. Los mapas de la figura 2 muestran que a finales del Antiguo Régimen (A) la distribución económica regional era bien distinta a la que encontramos actualmente (B), pero esta distribución fue invirtiéndose gradualmente hasta estabilizarse en la primera mitad del siglo XX en la que hoy conocemos. En realidad, en el siglo XIX estaba ocurriendo una transformación inédita, pasando desde una distribución muy estable (de siglos de antigüedad) a otra muy estable. ¿Cómo de estable es la distribución económica regional actual? Pues mucho. Piensen que entre 1935 y 2015 tuvimos una república, una guerra civil, una dictadura de 40 años, la apertura internacional, una transición democrática y la integración económica europea, entre otros eventos con poder disruptivo que podrían haber transformado la distribución.
Fig. 2. PIB per cápita indexado (España = 1) en las regiones españolas para 1800 y 2015 (Soto-Oñate y Torrens, 2023).
Notas: Elaboración propia a partir de Carreras et al. (2005) para 1800 y Díez-Minguela et al. (2018) para 2015.
Nuestra tesis es que, si bien el proceso de crecimiento en los últimos siglos puede deberse también a otros factores (institucionales, sociales, tecnológicos, etc.), estos rasgos culturales han tenido un papel importante en el distinto aprovechamiento en las regiones de las oportunidades de desarrollo que ofreció la transformación liberal. Pero esto ocurre sólo tras la transformación liberal, pues estos rasgos no pueden desenvolver las propiedades que describimos sin el espacio de libertades y garantías que se abre en el nuevo régimen. Es por eso que la transformación institucional desencadena una redistribución de la geografía del desarrollo entre las regiones.
Por otro lado, este fenómeno, junto con las dinámicas de aglomeración, puede estar detrás de la persistencia de la desigualdad económica regional en España, incluso tras los enormes esfuerzos políticos para forzar la convergencia. Recordemos que, a principios de los 80, el Estado español estableció un sistema de solidaridad interterritorial (Fondos de Compensación Territorial) que desde 1986 se vio reforzado por los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea. Las diferencias regionales en rasgos culturales pueden ayudar a explicar por qué los esfuerzos hacia la convergencia se ven ensombrecidos, pero también sugieren una vía de políticas públicas para mejorar la convergencia.
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